La mordaza

Un espacio para difundir los efectos censuradores de la Ley de Comunicación de Ecuador

La LOC, una Ley cuestionada por más de 40 organizaciones de DDHH

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La Ley Orgánica de Comunicación, en vigencia desde el 25 de junio de 2013, es un cuerpo legal que ha sido cuestionado porque contiene artículos que atentan contra la libertad de prensa y expresión en el país, así como también son contrarios a los preceptos internacionales que sobre la materia existen. Esta Ley ha sido impugnada ante la Corte Constitucional, por considerar que algunos artículos son contrarios a la Constitución de Montecristi.Incluso, antes de ser aprobada, ya fue utilizada como una herramienta para amenazar a los medios de comunicación y periodistas.

De acuerdo a un monitoreo realizado por Fundamedios, en al menos ocho ocasiones en el 2013, el Presidente y funcionarios como el Ministro del Interior y el Secretario de Comunicación amenazaron a los medios con aplicarles esta Ley, mientras que en al menos 10 veces, el Presidente la mencionó en sus enlaces sabatinos como la solución para regular lo que él llama, “la prensa corrupta”, y decir que “se les acabó la fiesta”.

Sobre esta Ley que fue aprobada por 108 asambleístas del partido de gobierno, sin dejar opción a la oposición pesan dos demandas de inconstitucionalidad que desde hace varios meses esperan respuesta de la Corte Constitucional. Adicionalmente, más de 40 organizaciones a nivel nacional e internacional la han cuestionado por contener artículos que atentan contra la libertad de prensa y expresión en el país, y por ser contrarios a los preceptos internacionales que sobre la materia existen.

Los criterios y las preocupaciones coinciden en aspectos como el lenguaje amplio y ambiguo utilizado en la redacción de la norma, así como la creación de la figura de linchamiento mediático; la de una Superintendencia de Comunicación e Información y un Consejo que fiscalizará y regulará el contenido de los medios y cuya independencia genera dudas por su conformación.

A través de un comunicado difundido el 17 de junio de 2013, Frank la Rue, relator especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección de la Libertad de Expresión  lamentó, “que se haya emitido esta Ley sin tomar en cuenta las recomendaciones que hiciera al Congreso en el 2011” y reiteró su “preocupación de que dicha Ley no se haya sometido a una amplia consulta con los diferentes actores sociales incluyendo los periodistas”.

En ese sentido La Rue apuntó que la norma legal “tiene elementos que gravemente afectan la libertad de prensa y la libertad de expresión, tales como la creación del concepto de linchamiento mediático que, por supuesto, no existe y pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado”, por lo que también recomendó al Presidente de la República “que no sancione esta ley sino la envíe de regreso al Congreso de la República para ser más ampliamente discutida”.

La relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, también manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley que, a su criterio, tiene elementos que “podrían resultar incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos” y que podrían “impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática”.

A través de una carta dirigida al canciller Ricardo Patiño, con fecha del 28 de junio de 2013, la Relatora detalla en una carta de 12 páginas, 10 puntos por los que la nueva Ley resulta incompatible con los estándares internacionales en los que menciona la imposición de obligaciones a todos los medios de comunicación sin distinguir su formato o tamaño; el establecimiento de instancias administrativas, con autoridad para establecer controles, límites y sanciones que puedan afectar sustancialmente el ejercicio de derechos fundamentales y la autocensura, al establecer incentivos muy fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten auto-restricciones desproporcionadas como medida de protección frente a la posibilidad incierta de ser objeto de las sanciones que la propia Ley establece, entre otras.

En la misiva Botero también cuestiona que el Estado, al considerar a la comunicación como un servicio público, “asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente”. Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) también se pronunció en rechazo del cuerpo legal.

En un comunicado difundido el 17 de junio de 2013, aseguró que la norma “debilita gravemente la libertad de expresión en el país e incluye un lenguaje excesivamente amplio que limitará la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”.José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, enfatizó en que “las disposiciones que favorecen la censura y los juicios penales contra periodistas constituyen claros intentos por silenciar las críticas”.

De igual forma, el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, en su blog institucional cuestionó la nueva norma a la que la calificó de “mordaza para silenciar críticas”, tal y como reza el título de la nota difundida el 21 de junio de 2013. En ella, la organización aseveró que la Ley “no sólo crea un órgano estatal fiscalizador para regular el contenido de los medios, sino que está llena de frases ambiguas que les exigen a los periodistas ofrecer información exacta y equilibrada bajo pena de enfrentar sanciones civiles o penales”.

Mientras que para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador sancionada por el presidente Rafael Correa, oficializa la mordaza con una nueva serie de “delitos de prensa” que privilegian al gobierno por sobre el derecho humano a la información de los ciudadanos, tal cual es concebido en los tratados internacionales sobre la materia, según un comunicado difundido el 24 de junio.

A estas críticas se suman las entidades representativas de la prensa de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Perú, quienes alzaron su voz de preocupación por la ley de Comunicación de Ecuador al advertir que vulnera las libertades de expresión, opinión y prensa. A través de una declaración conjunta divulgada el 24 de junio de 2013, las asociaciones de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, Nacional de Jornais (ANJ) de Brasil, de Diarios de Colombia (ANDIARIOS) y Nacional de la Prensa (ANP) de Chile y del Consejo de la Prensa Peruana, alertaron que la Ley establece “inaceptables controles gubernamentales” y aseveran que “el poder político instala un marco jurídico propicio para la censura previa, así como un precedente de responsabilidades cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo”.

En este sentido también rechazaron que “mediante la incorporación de figuras inéditas, como el denominado ‘linchamiento mediático’, la regulación del Internet, la imposición de contenidos, cuotas de programación, se “vulnera abiertamente las normas contenidas en jurisprudencia y tratados internacionales que privilegian la libre expresión, información y la opinión crítica como mecanismos esenciales de una democracia, suscritos por el gobierno del Ecuador”.

En tanto, la Asociación Nacional de la Prensa de Chile se solidarizó con los medios y periodistas ecuatorianos y, a través de una declaración, se dijo que “la aprobación de esta ley representa un grave daño al ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador y significa la ausencia de las mínimas garantías que deben existir en un estado de Derecho para su libre ejercicio por parte de los medios de comunicación”.

Asimismo, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en ingles) expresó su preocupación por la reciente aprobada Ley de Comunicación.

En un informe especial, difundido el 11 de julio de 2013 desde Viena, la Organización cuestionó la “excesiva regulación estatal” que determina la norma y que constituye una “seria e inmediata amenaza para el periodismo independiente” en el país.

En la misma línea, la Unión Europea, Estados Unidos, medios internacionales también cuestionaron la aprobación de la norma porque podría limitar el libre ejercicio a la libertad de expresión y vulnerar derechos fundamentales.

A la par, 36 organizaciones miembros de la red mundial Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, IFEX (por sus siglas en inglés) enviaron, el 31 de Julio de 2013, una carta al presidente ecuatoriano Rafael Correa, pidiendo que el Gobierno ecuatoriano pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva sobre la compatibilidad de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Comunicación, con los estándares desarrollados a partir del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Consecuentemente, El Grupo Andino de Libertades Informativas “GALI” compuesta por organizaciones de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, expresa su profunda preocupación por la aprobación  de la Ley Orgánica de Comunicación, por lo que a través de una carta hacia el presidente Rafael Correa  insta a vetarla, ya que según su criterio,  esta castiga la actividad informativa e impone restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico inaceptables en una sociedad donde se vela siempre por mantener e incrementar la democracia.

En la misiva, las organizaciones firmantes aseguran que “esa opinión consultiva podría ser decisiva para otorgar definitivamente a la Ley de Comunicación del Ecuador de una legitimidad que ahora está en duda”. Entre las organizaciones firmantes  figura: el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Espacio Público, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Freedom House Fundamedios, Pakistan Press Foundation, Canadian Journalists for Free Expression, Cartoonists Rights Network International, Center for Media Freedom and Responsibility, Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, Comisión Mundial de Libertad de Prensa, Derechos Digitales, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC), Artículo 19, por mencionar algunas.

Conjuntamente, Reporteros sin Fronteras organización internacional de defensa de la libertad de información realizó un análisis previo a la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, en este se establece un análisis acerca de los buenos principios y las clausula problemáticas que esta organización considera.

La Ley Orgánica de Comunicación también fue analizada desde la academia. En una publicación auspiciada por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP y titulada “Los cuestionamientos a la Ley de Comunicación”  el profesor y experto en derechos humanos Carlos J. Zelada expone siete argumentos principales de por qué esta Ley es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con énfasis en la libertad de expresión. Entre los puntos criticados consta la “sospechosa amplitud” de la Ley, “la marcada dependencia de la autoridad”; “un régimen sancionatorio peligrosamente ambiguo”; la profesionalización de los periodistas, entre otros puntos.

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Autor: Fundamedios

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS, es una organización de la sociedad civil que apoya el desarrollo de medios de comunicación democráticos y el ejercicio del periodismo de calidad. En cada una de sus ramas, la Institución busca generar un debate permanente sobre la relación entre el periodismo y la sociedad. Además conocer los retos principales que enfrentan los periodistas en la labor diaria de informar y los nuevos cambios que la sociedad propone.

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