La mordaza

Un espacio para difundir los efectos censuradores de la Ley de Comunicación de Ecuador

El Universo: Ley de Comunicación se debate entre regulación y censura

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La explicación la dio Alfonso Espinoza de los Monteros, el pasado 20 de mayo, en el noticiero de Ecuavisa. El espacio decidió no transmitir una noticia sobre la denuncia de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, de una supuesta afectación de derechos civiles a los habitantes de Íntag, en Imbabura, donde el Gobierno desarrolla un proyecto de exploración de cobre. “En vista de que no se presentaron evidencias de la denuncia y que tampoco podemos tener acceso al lugar ni logramos una respuesta de la Empresa Minera Nacional, nos abstenemos de informar sobre estas denuncias para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)”, señaló el presentador.

El hecho es relatado en el informe ‘Periodistas ecuatorianos bajo presión, un año después de la aprobación de la Ley de Comunicación’, elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) a propósito de la norma, que entró en vigencia el25 de junio del 2013.

RSF señala que la situación de la libertad de información es alarmante en Ecuador y que la autocensura es una realidad entre los medios. Entre junio del 2013 y 2014, registró 66 agresiones a periodistas y medios, entre ellas: 18 rectificaciones forzadas, 16 campañas de desprestigio contra periodistas y nueve casos de censura directa.

La LOC introdujo artículos polémicos, que han sido observados por su subjetividad, como la obligación de los medios de publicar información de relevancia pública (art. 22) y el linchamiento mediático (art. 26), como se denomina a la información que sea producida “de forma concertada” y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el fin de desprestigiar a alguien o reducir su credibilidad.

Romel Jurado, coautor de la Ley, considera que el linchamiento no es una figura subjetiva sino de protección de las personas, y que no interfiere en el seguimiento de las noticias porque el elemento esencial es que exista “un pacto ilegítimo” entre los medios, que “debe ser probado exhaustivamente”.

¿Cómo hacerlo? Jurado dijo el pasado miércoles, en un conversatorio en la Universidad Casa Grande de Guayaquil, que dentro de un proceso judicial es posible identificar reuniones, correos electrónicos u otra evidencia que muestre que se cometió la infracción, o que uno de los participantes confiese el pacto.

Para la aplicación de sanciones que, según el caso, van desde disculpas públicas, rectificación a sanciones económicas por el 2% o 10% de la facturación promedio trimestral del medio, la ley creó dos organismos: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), encargado de normar el acceso a la comunicación y diseñar los mecanismos para ello; y la Superintendencia de la Información y Comunicación, con capacidad sancionadora. Ambos están integrados por excolaboradores o consultores del régimen o de medios incautados.

La Supercom, según dijo el superintendente Carlos Ochoa en la misma conferencia, ha recibido 122 denuncias desde el 15 de octubre pasado, cuando el organismo quedó integrado. De estas, 25 fueron presentadas por ciudadanos, 14 por Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 13 por organizaciones, seis por entidades públicas, tres por entidades de control, tres por la función Legislativa, dos por medios de comunicación y una por universidades, empresa privada y empresa pública. En total suman 69 (no detalló el origen de las otras 53 denuncias).

También dijo que se han emitido 17 resoluciones: 12 sobre disculpas o amonestaciones y cinco absoluciones. Este Diario pidió información actualizada sobre las denuncias y su origen pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Sin embargo, en el reporte de enero pasado, cuando se registraban 73 denuncias, las cifras mostraban que un 62% de ellas fueron planteadas en su orden por los GAD, función Legislativa, Supercom (de oficio) y entidades públicas y financieras. Un 33% restante fue de ciudadanos y un 5% de universidades, dice el informe de gestión.

El Cordicom, por su parte, ha emitido 10 reglamentos y tres exhortos, entre ellos uno dirigido a los medios por difundir imágenes de niños afectados por el conflicto en Siria.

El asambleísta Luis Fernando Torres (CREO), quien planteó una de las tres demandas de inconstitucionalidad de la Ley ante la Corte Constitucional, objeta que no haya habido avances al respecto y que los aspectos impugnados, como que la comunicación sea un servicio público, los criterios para considerar una información como discriminatoria y la información de relevancia pública, sean los aplicados para sancionar.

RSF destaca que la ley prohíba toda forma de censura previa, garantice el secreto profesional y procure la redistribución de las frecuencias.

Jurado dice que la ley busca democratizar el acceso a los medios y muestra de ello es que RSF en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa ubica a Ecuador en el puesto 95, con un ascenso en 25 puntos. La entidad, sin embargo, aclara que se debe sobre todo a que en el 2013 no se registraron casos de asesinato de periodistas relacionados con su profesión y a que otros países cayeron en la clasificación.

Publicado en El Universo.

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Autor: Fundamedios

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS, es una organización de la sociedad civil que apoya el desarrollo de medios de comunicación democráticos y el ejercicio del periodismo de calidad. En cada una de sus ramas, la Institución busca generar un debate permanente sobre la relación entre el periodismo y la sociedad. Además conocer los retos principales que enfrentan los periodistas en la labor diaria de informar y los nuevos cambios que la sociedad propone.

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