La mordaza

Un espacio para difundir los efectos censuradores de la Ley de Comunicación de Ecuador

Andrés Michelena: ‘Medios públicos respondían al Gobierno; ahora, no es así’

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Andrés Michelena es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Lenín Moreno. Lo acompañó mientras este fue vicepresidente (2007-2013) y luego tuvo un breve paso, como subsecretario, por la Secretaría de Comunicación (Secom). Desde el 17 de julio pasado es el gerente general de los medios públicos. En esta semana denunció irregularidades –por ejemplo, en los canales incautados TC y Gama, así como en diario El Telégrafo– y anunció un cambio radical en la estructura y funcionamiento de los medios estatales.

¿Qué termina y qué empieza en la nueva gestión al frente de los medios públicos?
Hemos hecho un proceso inicial de valoración y encontramos, por ejemplo, a El Telégrafo con una devolución del 65% cuando lo normal en el mercado es máximo del 20 al 21%. Es decir, 6 de cada 10 periódicos iban a la basura. El diario El Tiempo (de Cuenca) fue comprado por $ 1,5 millones y el único activo es una imprenta de hace 40 años, valorada en no más de $100.000…

¿Qué pasará con esos medios?
Hay que diferenciar entre medios públicos (Ecuador TV, El Telégrafo) e incautados (TC, Gama, seis radios). Se le hizo una propuesta al presidente de la República, sobre todo, para la televisión, los medios escritos y la agencia de noticias, que nacieron bajo un decreto de Rafael Correa. Eso permitió que hayan sido manejados de acuerdo con la situación de un gobierno y un partido político. La propuesta es una Ley Orgánica de Medios Públicos, para devolver a los ciudadanos unos medios decentes e independientes, tanto editorial como financieramente.

¿Está listo ya el proyecto?
Hay una propuesta que apuesta por la independencia administrativa-financiera y editorial de los medios públicos. Obviamente, habrá que rendir cuentas a los organismos de control, pero no depender del presupuesto del Estado.

¿Se plantea eliminar el subsidio estatal?
Por supuesto. Pero hay que ver el mecanismo. Actualmente, los medios públicos tienen una asignación de $ 110 millones (aproximadamente, 40% es autogestión y 60% del Estado). No se busca una rentabilidad comercial, sino una rentabilidad social.

Pero la independencia editorial es una decisión política.
Hay la decisión política del presidente Moreno para ello. Ya no hay la injerencia editorial de un partido político y de un gobierno. Es un proceso que, sin duda, cuesta. El Telégrafo es distinto al de hace cuatro meses, ahora hay pluralismo y ya no se mancilla la honra de nadie.

Hubo muchos años de un sesgo evidente. ¿Cómo lograrán tener credibilidad?
Tal vez no al 100%, pero tenemos credibilidad. Incluso Teleamazonas cita las investigaciones de El Telégrafo; hemos crecido en la venta de diario El Telégrafo en la calle. Hace poco, Francisco Huerta fue entrevistado en Ecuador TV y decía que era la primera vez en diez años que pisaba el canal público… Son muestras de que las voces se integraron, que ya no son medios gobiernistas ni partidarios, sino de los ciudadanos.

Fueron un búnker durante el Gobierno anterior.
Defendieron una política de gobierno y partidista, pero no fueron públicos y menos aún ciudadanos. La estrategia de comunicación servía para la guerra con los medios privados. Ahora eso no es necesario.

¿Y la eventual nueva ley lo garantizará?
Por supuesto. Además, está el pedido del presidente de reforma a la Ley de Comunicación.

Del grupo de medios públicos e incautados, ¿alguno va a desaparecer?
A mi criterio deberían desaparecer Uminasa, que publica las revistas, y Cablevisión. Además, están las radios. Por eso se pide una auditoría, para saber cuál es el valor real de cada medio.

Mientras eso pasa, habrá sanciones para los responsables del mal manejo de fondos públicos de estos medios?
Es lo que se le ha pedido a la Contraloría, sobre todo cómo se gestionaron los recursos económicos, de cada centavo.

El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y el exgerente de El Telégrafo Santiago León niegan irregularidades.
Que lo expliquen a las autoridades competentes. Y la Contraloría tiene que hacer determinaciones civiles, administrativas y, si las hay, penales.

 

 

Publicado originalmente por El Universo

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Autor: Fundamedios

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS, es una organización de la sociedad civil que apoya el desarrollo de medios de comunicación democráticos y el ejercicio del periodismo de calidad. En cada una de sus ramas, la Institución busca generar un debate permanente sobre la relación entre el periodismo y la sociedad. Además conocer los retos principales que enfrentan los periodistas en la labor diaria de informar y los nuevos cambios que la sociedad propone.

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