La mordaza

Un espacio para difundir los efectos censuradores de la Ley de Comunicación de Ecuador

El ‘dispendio y la propaganda’ ahogaron a los medios públicos

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La administración de los principales medios de comunicación públicos e incautados fue “nefasta” en la última década, según Andrés Michelena, gerente general de esos medios.

Luego de tres meses de hurgar y analizar la información financiera se pudo conocer la situación real que afrontan. Gamavisión es un canal quebrado, resaltó Michelena.

Acumula deudas por USD 17 millones, cuando hasta el 2008 -que fue incautado- era uno de los más rentables. Ahora, incluso, arrastró a los trabajadores. A ellos se les dijo que iban a beneficiarse del cambio porque tendrían la posibilidad de convertirse en socios minoritarios. 156 creyeron en la oferta y crearon un fideicomiso.

A través de un crédito de la Corporación Financiera Nacional compraron acciones, pero en lugar de réditos económicos lo que han ido acumulando son dolores de cabeza. Las 76 personas que se quedaron tienen que cubrir una deuda de más de USD 7 millones.

Jorge Albán, secretario general del Comité de Empresa de Gamavisión, recordó que en varias ocasiones se sugirió a las autoridades del canal cobrar por la difusión de los contenidos del Gobierno, que copaban la parrilla, para mejorar la situación financiera. Pero la respuesta, según Albán, fue: “Es una estupidez, cómo van a pedir eso. El Gobierno es el accionista mayoritario”.

Si se hubiera cobrado solamente por la transmisión del Enlace Ciudadano que se hizo por 10 años, el canal hubiera percibido cerca de USD 5 millones, pero no se lo hizo. Los cálculos fueron hechos por las nuevas autoridades.

Esa práctica se reprodujo en los otros medios de comunicación públicos e incautados. Patricio Almeida, de radio Súper K800, reconoció que eran presionados para difundir contenidos del Gobierno anterior. “Una radio netamente deportiva estaba obligada a sacar los enlaces y las cadenas de los ministros”.

Los trabajadores llevan dos meses sin cobrar sus salarios y, cuando se enferman, no pueden acudir a los servicios de salud del Seguro Social porque no se encuentran al día con los pagos de la parte patronal, alertó Almeida.

Las personas que dieron la disposición para que se transmitan esos contenidos deben responder por esas decisiones, fustigó Michelena. “Deben rendir cuentas, tanto en las radios como en los demás canales de televisión”.

Al ser consultado sobre si los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, encargados de la línea comunicacional del anterior Gobierno estuvieron detrás de esas decisiones, Michelena respondió: “las responsabilidades ya las pondrán las instancias pertinentes. Sea quien sea, cualquier persona, debe remediar este perjuicio que se ha hecho al Estado”. Procesos de auditorías

Este martes, 24 de octubre, se solicitó públicamente a la Contraloría que intervenga y desarrolle una investigación profunda a las administraciones y a los responsables de los medios.

Además, se ha solicitado la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer auditorías y análisis de todas las áreas. Con base en esos resultados se tomarán las decisiones que fueran necesarias. Luego de ese proceso se dará paso a la fusión de los medios de comunicación, tomando en consideración las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos.

Pero como un paso previo se concretará desde el mes siguiente una alianza estratégica entre Gamavisión y Ecuador TV. Las franjas noticiosas serán producidas por ambos equipos y el primer programa está previsto que salga el 14 de noviembre próximo.

En total existen cinco medios públicos entre canales de televisión, periódicos, portal digital, la radio y 11 incautados (canales y radios) Ecuador TV, El Telégrafo, Radio Pública y Andes representan un costo de USD 110 millones al año. USD 40 millones son de autogestión y el resto proviene del Fisco.

Las auditorías se espera que terminen en un período de entre cuatro y seis meses. Luego de lo cual se espera conocer el grado de responsabilidad que tuvieron las administraciones anteriores, por ejemplo, en la compra de Diario El Tiempo.

El Estado invirtió USD 1,5 millones. Pero la máquina central es vetusta y no cuesta más de USD 80 000. Además, cada mes se tiene que pagar a los anteriores dueños de El Tiempo 8 000 por arriendo.

Con Diario El Telégrafo, en cambio, se dispuso que haya un tiraje diario de 17 000 ejemplares cada día. Pero el 65% era devuelto. Seis de cada 10 periódicos “se iban a la basura, lo que significaba USD 35 000 de perjuicio cada mes”, confirmó Michelena. Otro caso se registró en Ecuador TV. En el 2011, el canal adquirió equipos para transmitir la señal en poblaciones de la Amazonía.

Costaron más de USD 3 millones, pero los equipos siguen embodegados. Nunca llegaron a usarse. TC Televisión registra pérdidas por USD 6 millones.

“Se manejó a los medios públicos de manera propagandística y mediocre, dispendiosa e indolente”, reconoció Michelena. Para evitar que vuelvan a registrarse irregularidades, se trabaja en una Ley de Medios Públicos, que permitirá establecer objetivos y estructura.

En contexto

La nueva administración de los medios públicos impulsa una política de optimización de recursos, que incluye el personal. Se está evaluando cuáles medios deben permanecer, y cuáles requieren de una línea propia, en función de las audiencias que tienen.

 

 

Publicación original de El Telégrafo.

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Autor: Fundamedios

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS, es una organización de la sociedad civil que apoya el desarrollo de medios de comunicación democráticos y el ejercicio del periodismo de calidad. En cada una de sus ramas, la Institución busca generar un debate permanente sobre la relación entre el periodismo y la sociedad. Además conocer los retos principales que enfrentan los periodistas en la labor diaria de informar y los nuevos cambios que la sociedad propone.

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