La mordaza

Un espacio para difundir los efectos censuradores de la Ley de Comunicación de Ecuador

Ecuador conserva aún estructura estatal para no respetar derechos humanos

Deja un comentario

QUITO,DIC.10(AgenciAne)._ El gobierno del presidente Lenin Moreno Garcés aun no ha iniciado el desmantelamiento de la estructura estatal que impide la plena protección, defensa y garantía de los derechos humanos colectivos e individuales.

Los más afectados, aunque ahora con cierta libertad de movilización colectiva, siguen siendo los pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos que están al margen de los derechos sociales, económicos, políticos.

Lo que si se vuelto evidente, en cierta medida, en estos primeros seis meses de la nueva administración gubernamental, es que es menos visible el control estatal sobre los medios de comunicación, sin embargo de que persisten los afanes persecutorios de la Superintendencia de Comunicación,SUPERCOM que continúa hostigándolos a través de sanciones administrativas, amonestaciones, multas, demandas judiciales.

La oferta de campaña de revisar la Ley de Comunicación todavía no se concreta y no es tema de la consulta popular convocada para el 4 de febrero del 2018.Anteriormente el gobierno de la RC utilizó dicha Ley para ordenar a los medios que publiquen información favorable y transmitan mensajes oficiales en respuesta a noticias desfavorables. Hasta el año pasado eran constantes las acciones penales por difamación.

Tampoco se han tomado iniciativas para reformar o cambiar las enmiendas constitucionales introducidas en diciembre de 2015, por la Asamblea Nacional que otorgan a las Fuerzas Armadas la facultad de cooperar con la policía en operativos de seguridad y las que declaran a la comunicación como un “servicio público”, lo cual le dio al gobierno amplias facultades para reglamentar a los medios.

Dos decretos expedidos por el ex Presidente Correa que disponían intervenir en las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) y disolverlas fueron derogados por el actual presidente Moreno y algunas ONG internacionales han recuperado su legalidad. Está aún pendiente la restitución de los derechos jurídicos de la Unión de Educadores que fue disuelta y de varias centrales sindicales que fueron sustituidas por otras pro gubernamentales.

Subsisten los problemas de interferencia en la administración de justicia que imperaban en el anterior régimen, así como el hacinamiento en los centros carcelarios del país.Las pésimas condiciones en que viven las personas privadas de la libertad siguen sin solución.A esto se añade que se mantienen normas rigurosas y limitadas sobre visitas a los internos de parte de familiares,amigos y abogados.

De otro lado, el examen periódico de Ecuador del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial Observaciones finales,informes periódicos 23º y 24º de agosto pasado, recomienda a Ecuador que reduzca los niveles de desigualdad y pobreza, elimine la discriminación estructural e histórica y todos los obstáculos que impiden el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, especialmente en las esferas del empleo, educación, vivienda, y salud.

También recomienda que se activen los programas que favorezcan el diálogo intercultural, la tolerancia y el entendimiento mutuo con respecto a la diversidad cultural a través de una adecuada asignación de recursos humanos y financieros para su cumplimiento.

Pide que se tomen las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de la ley, llevando a cabo investigaciones exhaustivas de los casos de discriminación racial y sancionando debidamente a los responsables y que se agilice el proceso de adopción del proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena que reposa en la Asamblea Nacional.

Especial atención, dice el Comité, se debe tomar y sin demora, medidas que garanticen la protección de la salud y supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario o contacto inicial, especialmente a los Pueblos Tagaeri y Taromenane.

El Comité urge que se garantice el goce pleno y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos sobre las tierras, territorios y recursos naturales que ocupan o usan, frente a actores externos que explotan los recursos naturales tanto legal como ilegalmente; implemente medidas de protección y salvaguarda ante los impactos negativos ambientales, así como de los modos tradicionales de vida; adopte las medidas necesarias para asegurar que el uso del agua en la industria de la minería no perjudique el acceso de esta de los pueblos indígenas y afroecuatorianos que habitan en esos territorios; garantice que los pueblos indígenas y afroecuatorianos afectados por las actividades de explotación de los recursos naturales en sus territorios obtengan compensaciones por daños o pérdidas sufridas y tengan una participación en los beneficios obtenidos de dichas actividades.

Otra recomendación es que se cumpla con la garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada con miras a obtener el consentimiento previo e informado de los pueblos afectados como una medida de participación efectiva en lo que respecta a toda disposición legislativa o administrativa susceptible de afectar sus derechos, particularmente su derecho a la tierra y a los recursos naturales que poseen o que tradicionalmente han utilizado; adoptar una legislación sobre consulta previa, libre e informada como derecho colectivo con apego a las normas del convenio núm. 169 de la OIT la cual cuente con la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades afectados e Investigar las denuncias en torno al presunto desplazamiento de familias Shuar, en relación al proyecto minero San Carlos Pananza, y adoptar las medidas que procedan.

Recomenda que se de cumplimiento a la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, en particular en lo referente a realizar, con la participación de las organizaciones representativas de comunidades y pueblos indígenas, un cuerpo normativo que regule el derecho a la consulta previa, libre e informada en cumplimiento estricto de los estándares internacionales.

 

 

Publicación original de Equinoccio

Anuncios

Autor: Fundamedios

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS, es una organización de la sociedad civil que apoya el desarrollo de medios de comunicación democráticos y el ejercicio del periodismo de calidad. En cada una de sus ramas, la Institución busca generar un debate permanente sobre la relación entre el periodismo y la sociedad. Además conocer los retos principales que enfrentan los periodistas en la labor diaria de informar y los nuevos cambios que la sociedad propone.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s